El Partido Justicialista de Entre Ríos, ante el allanamiento dispuesto a pedido del fiscal José Arias, emitió un comunicado en el que advirtió “con profunda preocupación la marcada intencionalidad con la que actúa el fiscal interviniente, quien, sin necesidad alguna, difunde una medida judicial con el evidente propósito de afectar la alta consideración pública de uno de los dirigentes más destacados del peronismo en los últimos veinte años”.
Este viernes se realizaron allanamientos en la vivienda de Florencia Gabriela Bordet y en otras dos propiedades: la residencia “principal” del exgobernador en la capital provincial y su domicilio “secundario”, este último en Concordia. Es en el marco de una investigación que lleva dos años para determinar la licitud o ilicitud del patrimonio del ex gobernador.
“Observamos un ensañamiento que no puede ser ignorado, especialmente tratándose de una persona que vive en su casa de Concordia, recorre nuestras ciudades y está siempre dispuesto a brindar las explicaciones que se le requieran”, sostiene el comunicado.
Y agrega: “Siempre hemos sido respetuosos del curso de las investigaciones judiciales. Sin embargo, no podemos dejar de advertir el claro propósito de difusión innecesaria de una medida que, sin haberse aún finalizado y a poco de comenzar, ya ha sido ampliamente divulgada en medios de comunicación, sin considerar siquiera que en el domicilio allanado reside una madre a cargo de un hijo menor de edad”.
“Tampoco se ha tenido en cuenta que no existe imputación alguna sobre el exgobernador Gustavo Bordet, sino únicamente una investigación en curso, en la cual el actual diputado nacional ha estado siempre a disposición de la Justicia, colaborando plenamente y sin obstaculizar en modo alguno el proceso”, dice el texto difundido por el Consejo Provincial del PJ.
“Resulta necesario que el fiscal interviniente actúe con prudencia, decoro y estricto apego a las normas procesales al momento de disponer medidas y, sobre todo, al momento de darles difusión pública. El uso mediático de este tipo de acciones no es casual, sino que responde a una conducta que debe ser corregida”, cierra.
Los allanamientos se ejecutaron 48 horas después de que el diputado nacional y ex mandatario brindara una entrevista donde denunció que parte del proceso judicial está siendo utilizado para dañarlo políticamente.
El bustismo también apoyó a Gustavo Bordet
El Frente Entrerriano Federal (FEF) fue la otra expresión política que se expresó ante los allanamientos que hizo el fiscal José Arias en el domicilio de la hija de Gustavo Bordet. El partido fundado por Jorge Busti manifestó “su firme convicción de que la salud democrática de nuestra provincia exige el más absoluto respeto por las garantías constitucionales y la independencia de poderes”.
“No es novedad para nadie que conoce la vida política de Entre Ríos que Gustavo Bordet ha sido, y es, un dirigente que construyó su carrera con apego a la institucionalidad y plena disposición ante la Justicia”, dijo el FEF en un comunicado.
Y agregó: “Así lo ha demostrado a lo largo de toda su vida pública. Por eso mismo, cuando observamos la celeridad con la que ciertos operadores judiciales se ocupan de instalar mediáticamente una medida de investigación que no conlleva imputación alguna, la pregunta que corresponde hacerse no es sobre el dirigente, sino sobre quienes actúan con esa llamativa urgencia comunicacional”.
“El exgobernador y actual diputado nacional no tiene cargos en su contra. Hay una investigación en curso, como las hay en infinidad de causas, y él ha colaborado con ella sin poner obstáculo alguno. Ese es el cuadro real de la situación. Lo demás es construcción de relato”, sigue el texto difundido.
Para el FEF “es de una gravedad extrema que se difundan detalles de un procedimiento —como el ocurrido en el domicilio de la hija del exgobernador— antes incluso de que la medida haya finalizado, dejando en evidencia una marcada animosidad y un objetivo que nada tiene que ver con la justicia, sino con el daño reputacional a su familia”.
Más adelante, subraya el comunicado: “La ciudadanía entrerriana tiene la madurez suficiente para distinguir entre una acción judicial legítima y la utilización de los andamios institucionales con fines de desgaste político. El ensañamiento mediático sobre una persona que vive abiertamente en su ciudad, que transita la provincia sin ningún tipo de evasión y que ha demostrado siempre buena fe ante los tribunales no tiene otra explicación que el propósito de erosionar una figura de alta valoración pública en Entre Ríos”.
“Solicitamos al fiscal interviniente que ajuste su actuación a los principios de prudencia, reserva y proporcionalidad que el proceso penal exige, y que tenga en cuenta que el uso político de los expedientes judiciales —como sucedió con la lamentable experiencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo del delator de la dictadura, Oscar Mario Rovira en el último gobierno de Sergio Montiel— no queda impune ante la memoria colectiva de los entrerrianos”.
Fuente: Enlace Político y Página Política
