El Decreto Nº 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno Manuel Troncoso, formalizó la renovación de contratos de apenas 833 agentes del Estado provincial, pero dejó al descubierto un escenario de incertidumbre, discrecionalidad y malestar en amplios sectores de la administración pública.
El anexo de la norma, con el listado de nombres habilitados para continuar, se convirtió en estas horas en un documento de consulta angustiante para cientos de trabajadores y trabajadoras que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado. Quienes no aparecen en la nómina quedaron atrapados entre la expectativa de ser incluidos en alguna ampliación futura y el temor concreto a la pérdida del empleo, sin información oficial clara ni plazos definidos.
Aunque en algunos ámbitos hubo avisos previos, como en la Legislatura, en otras áreas sensibles del Ejecutivo —Producción, Desarrollo Social y sectores del propio Ministerio de Gobierno, en particular Derechos Humanos— la falta de notificación fue total. La consecuencia es un clima de zozobra: trabajadores con más de diez años de tareas ininterrumpidas recorren oficinas, consultan a compañeros, acuden a los gremios y revisan una y otra vez el listado, sin respuestas concretas sobre su continuidad laboral.
El decreto intenta blindarse con una extensa enumeración de pasos administrativos. Se sostiene que se tramitó un expediente único, que las máximas autoridades justificaron la “necesidad operativa” de las contrataciones y que los organismos técnicos verificaron encasillamientos, categorías y disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, ese prolijo recorrido burocrático contrasta con el impacto humano de la decisión: cientos de agentes quedaron fuera sin explicaciones públicas, criterios transparentes ni un plan claro de regularización.
La norma autoriza la contratación de personal temporario para todo 2026, pero consolida un esquema de precariedad laboral prolongada, en el que trabajadores que sostienen áreas estratégicas del Estado siguen dependiendo de decretos anuales y decisiones políticas discrecionales. Además, delega en ministros y autoridades jurisdiccionales la firma de los contratos, lo que refuerza la sensación de arbitrariedad en la selección de quién continúa y quién queda al margen.
Mientras el Gobierno asegura que el Presupuesto 2026 contempla los recursos necesarios, la realidad muestra un ajuste silencioso que se traduce en incertidumbre laboral, desgaste emocional y un mensaje claro hacia dentro del Estado: la estabilidad sigue siendo una promesa lejana, aun para quienes llevan más de una década trabajando en la administración pública.
Fuente: Enlace Político
